El influencer Carlos Ros denuncia que le han enviado una carta desde el gobierno donde se le acusa

Polémica en torno al influencer y creador del "movimiento realfooder" español, Carlos Ríos, ya que ha denunciado en sus redes sociales haber recibido una carta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la que se le advierte de sus malas prácticas comerciales, apuntando a posibles negligencias por publicidad engañosa.

Este se hizo famoso en internet por defender la comida sana, enfrentándose a marcas que vendían alimentos ultraprocesados: "Me acaba de llegar una notificación del Ministerio de Consumo y Agenda 2030 diciéndome que no puedo hacer publicidad desleal. Vamos, que no puedo hablar mal de marcas de ultraprocesados", explica el influencer.

ElDiario.es preguntó sobre este tema al propio ministerio, su respuesta fue remitirse a la iniciativa realizada en coordinación con la Red de Protección del Consumidor (CPC), para controlar a los iunfluencers que pudiesen estar haciendo prácticas engañosas.

¿Qué dice la investigación?

Una investigación internacional revela que el 70% de los influencers españoles analizados están involucrados en prácticas que violan la ley. El ministro Pablo Bustinduy, perteneciente al partido SUMAR, se abstiene de confirmar si Carlos Ríos figura entre los 40 creadores de contenido españoles notificados, como informa eldiario.es. Sin embargo, un portavoz asegura que el único propósito de las notificaciones es alertar sobre malas prácticas comerciales.

Según explica el medio, el Ministerio dirigido por Bustinduy enfatiza que las comunicaciones tienen un carácter informativo, destinadas a que los influencers sean los primeros en adoptar prácticas éticas que orienten a esta emergente industria. Por el momento, no se prevén sanciones, a menos que se vuelva a confirmar un incumplimiento por parte de los influencers.

"El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 también entiende que muchas de estas infracciones pueden deberse al desconocimiento. Por tanto, en una primera fase, el Ministerio apuesta por una labor pedagógica y de información que permita a los influencers corregir las conductas inadecuadas y respetar la legislación europea en esta materia. El objetivo es que el comercio online sea igual de seguro y ofrezca las mismas garantías a las personas consumidoras que el offline, ya que la legalidad de la publicidad en redes sociales es una de las prioridades comunes de las autoridades europeas en materia de protección al consumidor", explican en la propia web del gobierno.

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